La Revista «The Lancet» ha publicado el pasado 27 de Marzo/13, un análisis acerca de la crisis financiera y las políticas de austeridad en Europa y sus consecuencias en la salud, tomando como referencia estudios realizados tras experiencias de crisis anteriores en diferentes países del mundo. Con esta base, plantea un pronóstico bastante coherente con la realidad que estamos empezando a vislumbrar.
Este informe, titulado «Financial crisis, austerity, and health in Europe«, sugiere que, aún cuando las recesiones constituyen un riesgo para la salud, la relación entre la austeridad fiscal con las crisis económicas y el debilitamiento de la protección social, es lo que parece empeorar la salud y las crisis sociales en Europa. Esto se está empezando a ver en países que adoptan una estricta austeridad fiscal, como es el caso de Grecia, España y Portugal, donde los casos de suicidio y los brotes de enfermedades infecciosas están aumentando, mientras el acceso a los servicios de salud se ha visto restringido. Esto no ha sucedido en Islandia, donde se rechazó por voto popular la política de austeridad y la crisis no parece haber tenido un efecto apreciable sobre la salud.
Las crisis económicas podrían tener pocos efectos sobre la salud, e incluso la mortalidad podría disminuir cuando la economía se desacelera, y aumentar cuando se acelera, según demuestran algunos estudios. ¿Por qué?
Este informe plantea la idea de que las recesiones suelen potenciar hábitos saludables, como el aumento de sueño y el uso del tiempo libre en actividades de entretenimiento y ejercicio, a la vez que disminuyen el consumo excesivo de alimentos poco saludables y de alcohol (por la escasez de ingresos) reduciendo también, en consecuencia, las muertes por accidentes de tráfico.
Lamentablemente, esta oportunidad de crecimiento social en medio de la crisis no se está tomando en cuenta en los países que han optado por la reducción de la protección social. Al contrario, se ha demostrado que la situación laboral está relacionada con las tasas de mortalidad. En uno de los estudios de referencia de este informe, se llegó a la conclusión de que el aumento del desempleo está asociado con el aumento en el consumo de alcohol y con el suicidio. Pero también se ha visto que esta relación hubiera podido ser mitigada con una adecuada protección social. Fue el caso de Finlandia y Suecia, a principios de los años 90, cuando ambos países mostraron un fuerte compromiso social en tiempos de crisis, mediante el uso de programas de trabajo activo.
Se ha visto también que la prevalencia de problemas psicológicos en personas desempleadas es de más del doble que en personas empleadas, y que los efectos negativos del desempleo en la salud mental son menores en países con sistemas de protección de empleo fuerte. La mala salud en personas desempleadas puede estar asociada a una nutrición deficiente y a barreras de acceso a la atención. Pero se ha encontrado, además, que la duración del desempleo está relacionada con un mayor riesgo de mortalidad, consecuencia de enfermedades psicosomáticas y de suicidios. Con respecto a las infecciones, es más difícil determinar su vinculción con las crisis, pero se ha demostrado su relación, como resultado de un empeoramiento de las condiciones de vida, un acceso restringido a la atención y la dificultad para completar un tratamiento.
Las poblaciones más susceptibles son los niños y las personas mayores de 65 años, así como algunos grupos de alto riesgo, como son el colectivo inmigrante, las personas sin hogar y los presos
Como se ha visto, un deterioro de la economía se correlaciona con un aumento de los casos de suicidio. Pero un estudio ha demostrado que el gasto social disminuye la mortalidad por suicidio y que la confianza de la población en un sistema de bienestar tiene un efecto preventivo. Lo mismo sucede en situaciones de desempleo, pérdida de ingresos y crecimiento de la deuda de los hogares. Aparte de garantizar servicios de salud mental accesibles, estos riesgos podrían ser mitigados por el bienestar social y por el apoyo a los programas de familia.
Según el informe, concretamente en España, entre el 2006 y el 2010, la prevalencia de trastornos de salud mental aumentaron de forma significativa, especialmente los del estado de ánimo, ansiedad, enfermedades somatoformes y los relacionados con el alcohol. Al menos la mitad del aumento de estos trastornos podrían atribuirse a los riesgos combinados de desempleo individual o familiar y las dificultades con los pagos de las hipotecas. Esta situación no ha sido, hasta el momento, mitigada por programas de protección social sino que, por el contrario, ha sido agravada por el cierre de servicios de salud, la reducción de camas en diversos hospitales y la disminución de horas de trabajo, así como el copago de medicamentos para los pensionistas y el acceso limitado de la atención para los inmigrantes sin papeles.
España, junto con Grecia y Portugal, son los países europeos que enfrentan los mayores recortes a los presupuestos públicos y el aumento del desempleo.
La pérdida del empleo, o el miedo a perderlo, tienen efectos adversos sobre la salud mental, y la reducción creciente de los ingresos, el aumento de los costes de salud y los recortes en los servicios, impiden que los pacientes tengan acceso al cuidado, a tiempo y con calidad
Pero estos efectos no son inevitables. El pueblo islandés, que decidió negarse a cargar con las consecuencias de la irresponsabilidad de otros, optó por invertir en su gente, y la consecuencia ha sido una baja prevalencia de efectos negativos de la crisis en la salud. Basándose en fuertes reservas de capital social, los islandeses sintieron que estaban unidos en la crisis y así han demostrado que existe una alternativa a la austeridad.
Lamentablemente, el aspecto de la salud no es uno de los favoritos. En este informe se comenta sobre el contraste entre la abundante información referente a la economía y la ausencia de datos actualizados sobre la salud. Se ha investigado muy poco, y podemos acceder a los datos existentes gracias a investigadores individuales sin patrocinio. Por su parte, muchos ministerios de salud han guardado silencio. La Dirección General de Salud y protección del Consumidor de la Unión Europea no ha evaluado los efectos de las políticas de austeridad en la salud, como es su obligación, sino que se ha limitado a dar consejos sobre cómo los ministerios pueden recortar sus presupuestos. Queda, entonces, la voz de la sociedad civil y los organismos profesionales que sí han hablado sobre esto aunque, acaba diciendo este interesante informe, la pregunta es si alguien los escuchará.